Cuerpos periféricos y vidas asfixiadas

Sabido es que con la crisis desatada por la pandemia de COVID-19 se han hecho más notorias las variadas formas de desigualdad inherentes al capitalismo. Junto a un orden productivo que deslocaliza la explotación, al lado de la desprotección a millones de trabajadores/as informales condenados/as al hambre, vienen dándose situaciones que se inscriben en una herencia colonial resistente a desaparecer. Prácticas de violencia racial y étnica ejercidas por instituciones gubernamentales; fuerzas estatales; paraestatales; entidades médicas y científicas, se han intensificado en tiempos de emergencia y vienen escalando desde lo simbólico hasta los actos directos de asesinato.

Con esto, los movimientos sociales y políticos han quebrado la directriz de aislamiento social, aún con los riesgos de contagio, para plantear con fuerza una idea: hoy, rebelarse en el espacio público y en comunidad, puede salvar más vidas que permanecer inertes en el confinamiento. Entonces, cuando pareció darse por pausada una condición esencial y de posibilidad de la política, se nos han mostrado imágenes de nuevos alzamientos sociales, junto a la reactivación de movilizaciones que se venían dando desde finales del 2019. Y esto, por muy peligroso que resulte desde la valoración sanitaria, posiciona la problematicidad en un momento donde los estados de excepción son usados como manto para cubrir acciones autoritarias. Los recientes alzamientos en Estados Unidos; Brasil; zonas populares de Chile, se han realizado aun cuando sus gobernantes fascistas (sí, Piñera no es ninguna excepción) toman medidas que ponen en riesgo a millones de personas en condición de pobreza y exclusión. 

Las violencias de carácter racista siguen operando, como señala Achille Mbembe, sirviéndose de dos tipos de racionalidad: la instrumental y la técnica. Esto refiere, primero, a una lógica de preponderancia epistémica sobre todo conocimiento o saber que se construye en la periferia de la blanquitud europea o norteamericana, y segundo, a un uso de los desarrollos técnico-científicos para la eliminación de los cuerpos periféricos. La unión de estas dos formas de racionalidad se ha efectuado con mayor fuerza desde los regímenes totalitarios del siglo pasado, ejemplo de esto es la construcción de cámaras de gas; los castigos productivos en campos de concentración; el desarrollo de armas químicas y nucleares; etc. Todo ello puesto en función de depurar la diferencia racial y/o ideológica. Ahora, ese nodo necropolítico entre la razón técnica e instrumental se ha hecho efectivo no únicamente bajo los esquemas totalitarios de gobierno, porque al día de hoy incluso los estados «democráticos» aniquilan lo periférico y a todo aquel que problematice su accionar. En nuestro tiempo de pandemia, esto se ha manifestado en varias situaciones.

A inicios de marzo, un médico parisino que conversaba con el director del Instituto Francés de Investigación Médica realizó la propuesta de tomar al continente africano como campo de prueba de una posible vacuna contra el COVID-19. No dio mayores razones, no apeló siquiera a la cantidad de contagiados que hay en ese continente, solo se excusó en el hecho de que los hospitales africanos no están dotados de los recursos suficientes para la atención, y finalizó diciendo que sería «algo similar a las pruebas de SIDA que se han realizado con prostitutas». ¿Por qué no hacer estas pruebas en países del norte global? ¿Tal es el riesgo que no se atreven a realizarlas allí? Con esto, y no es ninguna novedad, Jean-Paul Mira ratificó la posibilidad de que las entidades científicas aún reserven sesgos coloniales, los mismos que trasladados a la política validaron en su momento la invasión francesa sobre zonas del norte y el centro de África. Mira expresó la misma intención de saqueo, que en este momento ya no busca socavar la tierra sino a los cuerpos periféricos en busca «una cura». El cuerpo africano queda reducido, desde la mirada del soberano francés, a un territorio de conquista y extracción.

Esta misma vigencia de la racionalidad colonial se ha hecho efectiva en otras zonas del mundo. En Estados Unidos, el asesinato de George Floyd ha reactivado el debate sobre los crímenes añejos contra afroamericanos. Desde hace décadas los abusos de la policía han tenido móviles raciales marcados; los grupos supremacistas mantienen sus actos de blanqueamiento; y los medios corporativos transforman los crímenes de odio en acciones aisladas de «lobos solitarios», cuando la realidad es que estos atienden a razones premeditadas. Ahora, en tiempos de emergencia, estos actos de violencia directa se han sumado a la ampliación de desigualdades estructurales, entre ellas, las dificultades de acceso a servicios de atención sanitaria seguido del riesgo de contagio que tienen las comunidades negras e hispanas obligadas a trabajar. Estas comunidades representan cerca del 29% del empleo total y también buena parte de la mano de obra de los sectores agrícola y de servicios. 1

Con esta situación de abuso, de segregación validada social y políticamente, toman mayor sentido las protestas que se están dando. En Estados Unidos la idea supremacista continúa permeando a las instituciones; el gobierno de Donald Trump mantiene las medidas nacionalistas de rechazo a lo/as migrantes; no asume el cuidado contra cientos de poblaciones vulnerables ni plantea la posibilidad de un sistema de salud de amplia cobertura. Un alzamiento de tal magnitud era de esperarse desde 2008.

Ahora, si se ubica la mirada de nuevo en el sur, se percibe un escenario aún peor. En Colombia, los asesinatos de líderes y lideresas sociales son asumidos como crímenes —operación similar a la del del «lobo solitario»— aislados de bandas criminales. Pero lo cierto, así se desee una fidelidad al término, es que son semejantes a crímenes de estado. Lo son no solo porque en algunos ha existido la participación de las fuerzas militares, sino por la omisión y permisividad del gobierno. Algo que recuerda la labor que tienen grupos paramilitares de asumir la tercerización de la violencia estatal.

Este asesinato sistemático de líderes sociales no obedece únicamente a un orden político, obedece también a un orden colonial arraigado. 

Según un reciente informe de Indepaz2, desde 2016 han sido asesinados más de 260 líderes y lideresas indígenas. 167 durante el gobierno de Iván Duque. Para este año han sido 47 hasta junio, un poco más de la mitad eran habitantes del Cauca, zona donde hay un fuerte tejido social y organizativo, donde constantemente se han gestado propuestas de movilización, como sucedió con la minga a inicios del año pasado, o los apoyos de la Guardia Indígena al Paro Nacional de finales de 2019. También, desde hace décadas y en paralelo a las luchas campesinas por la concentración de la tierra, el pueblo Nasa ha realizado el proceso de liberación de la Madre Tierra, una acción de reclamo que mina los intereses de ingenios azucareros y multinacionales mineras. 

En este momento de pandemia cobran gran valor las disputas que las comunidades indígenas y afro se han dado constantemente en el pacífico colombiano. El Paro Cívico que se llevó a cabo en Buenaventura durante el 2017 reiteró la situación crítica que vivía la región. Una situación que no mejora. Varios líderes de la movilización han sido asesinados y Buenaventura, como los demás territorios de pacífico, carece aún de sistemas de alcantarillado; servicios básicos; infraestructura digna y un sistema de salud de amplia cobertura. 

¿Cómo enfrentar un virus letal y altamente contagioso en esas condiciones? El pacífico siempre ha vivido en estado de emergencia, el COVID-19 lo que ha hecho es ampliar la herida que ya venían desangrándose. Misma situación atraviesan otros territorios como el Amazonas, donde actualmente hay una tasa de infectados que supera los 2.000.

La herencia colonial se ha materializado de dos maneras. Primero, en las prácticas tecnocráticas y centralistas (véase las declaraciones que realizaron en mayo los funcionarios de MinTic sobre el CRIC3) que priorizan el desarrollo empresarial y urbano excluyendo la vida de las comunidades ancestrales. Segundo, en el etnocidio que cometen grupos armados cuando problematizan esa gestión tecnocrática de segregación política y saqueo. Sobre lo primero, las comunidades han sabido sortear las prácticas de exclusión política recurriendo a formas de democracia directa, fortalecimiento de autonomías regionales, y un descarte a la necesidad de ensamblarse al aparato estatal. Sobre lo segundo, el exterminio que viven, nada parece detenerlo y se continúa con los asesinatos que son a su vez un quiebre para los tejidos comunitarios, una extinción física y cultural que en el caso caucano intensifica el riesgo de desaparición de 39 pueblos indígenas. 

En el actual contexto de pandemia, por ejemplo, han sido asesinados 14 líderes indígenas del Cauca, mientras en Buenaventura aumentan los casos de contagio aún con pésima cobertura sanitaria. La respuesta de Iván Duque no ha sido ningún tipo de ayuda, por el contrario, se ha visto más interesado en gestionar con la Policía Nacional una inversión de 9.500 millones para armamento del Escuadrón Móvil Antidisturbios.  

Por otro lado, en los centros urbanos miles de trabajadores/as están a la deriva debido a la terminación de los contratos laborales, expuestos al contagio por recurrir a trabajos informales. Desahucios; asentamientos urbanos desplazados violentamente por «ocupar» la propiedad privada. Este ya es un panorama semanal, propio no únicamente de las ciudades colombianas sino también de todo el cuarto mundo latinoamericano.  

El COVID-19 ha recordado las amplías desigualdades del capitalismo que no pueden sostenerse sin instituciones herederas de la racionalidad colonial. Sigue existiendo un poder que se detenta para decidir sobre la vida y muerte de los afroamericano/as; africano/as; indígenas del Cauca; afros de la región del pacífico; y los/as trabajadores/as de los centros urbanos. El poder de ensamblarlos/as a un entramado productivo o aniquilarlos/as epistémica y físicamente cuando no se adapten o queden obsoletos/as. El poder de la negligencia y la permisividad, de tercerizar la violencia estatal, de enviar fuerzas militares y no equipos médicos a las zonas más empobrecidas. El poder blanco soberano que decide sobre nuestro cuerpo, nuestro espacio y futuro. 

El deber que tenemos ahora no es continuar con la eliminación del sentido político que carga la situación pandémica. Quizás aún no exista el potencial para transformar radicalmente este mundo que ya no resiste más al despojo natural y humano, pero llevar la indignación al espacio público, ahora más que nunca, puede que nos ilumine el camino hacia allí.

Desde El Norte del Cauca hasta Minneapolis, desde Santiago hasta el Sur de África, desde Chiapas hasta la nueva Zona Autónoma de Capitol Hill, hay un nuevo mundo tejiéndose. Decía Flores Magón: «la rebeldía es vida y la sumisión es muerte», esta frase es un lugar común que hoy cobra gran significado. O permitimos que se fortalezca este régimen colonial de destrucción, o nos atrevemos a desplegar la posibilidad histórica. 


Referencias Bibliográficas


1  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html
 
2  http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/06/L%C3%ADderes-ind%C3%ADgenas-asesinados.pdf
 
3 https://www.cric-colombia.org/portal/autoridades-del-cric-rechazamos-la-estigmatizacion-senalamientos-y-racismo-presentadas-a-traves-de-audio-por-parte-de-integrantes-del-gobierno-nacional/

No hay comentarios

Agregar comentario